Por coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez
Lo acontecido en las últimas semanas respecto a la violencia y al desorden público relacionado, muestra una cruda realidad: la política de seguridad del Gobierno Duque fracasó y no de manera inesperada o sorpresiva. El naufragio venía siendo advertido periódica y públicamente por las distintas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al estudio de la seguridad y la paz que – contrario a lo que parece entender el Gobierno-, conciben estrechamente ligadas la seguridad pública y la paz. Si hoy se hiciera una recopilación de las recomendaciones hechas por dichas entidades en los tres últimos años, se colige que o el Gobierno nunca las leyó, o si lo hizo, las desestimó perjudicando de esta manera al país.
Es que lo que mal empieza mal acaba. La “tesis” de partida del Gobierno para concebir la política de seguridad bien podría formularse, en términos de su partido, así: “Como Santos traicionó no sólo a Uribe, sino también al veredicto del plebiscito y le entregó el país a las Farc, hay que procurar que la implementación del acuerdo del Colón muera por inanición. Y la fuerza pública – como principal responsable del orden público- debe continuar ‘dando resultados’ porque “la culebra sigue viva”. Para cualquier observador serio este punto de partida tendría visos de chiste, pero no lo es, y hoy se puede afirmar que se constituyó en una irresponsabilidad política histórica.
Algo que corroboraría dicha “tesis” está en lo que escribí en una columna cuando a finales de 2019 el presidente le presentó al país la “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”: “…tanto en la presentación pública como en los textos antes mencionados, queda en evidencia el propósito de evitar reconocer que en Colombia ha ocurrido un conflicto armado interno, que en adelante puede o no mantenerse en proceso de terminación completa. Si dicho propósito no existiera, dentro de la caracterización de las “Zonas estratégicas de Intervención Integral” y en las “Zonas de Construcción de Legalidad”, al menos se hubieran podido mencionar aspectos tales como: “territorios más afectados por la violencia del conflicto armado” o “territorios con mayor número de litigios de tierras, pendientes de solución” o “espacios del territorio donde se estén implementando programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdets)…”.
Lo cierto es que en un aparte de reciente artículo publicado en “Razón Pública” por la fundación “Conflict Response”, se lee: “La política de seguridad no ha podido mitigar los efectos de las disputas armadas sobre la población civil… ¿Por qué la política de seguridad ha fallado en proteger a la población? En primer lugar, parece que hay una lectura equivocada del contexto que sirve de base para la política de seguridad. Parece que los encargados de la seguridad creen que estamos en un contexto igual al de 2006, frente a las mismas FARC de esa época, y que lo que sirvió entonces va a servir ahora. Esto es falso e impide adoptar políticas de seguridad adecuadas al contexto actual. En segundo lugar, parece que el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública creyeran que atacar a los grupos armados equivale a proteger a la población. Esto tampoco es cierto. Por ejemplo, se puede debilitar un grupo y en consecuencia fortalecer otro…”.
Es por todo lo anterior que una de las propuestas centrales del proyecto político “Concordia Nacional”, consiste en la implementación de una Política de Seguridad Pacificante que, entre otros aspectos, incluye la creación de una Guardia Nacional Rural, sin que sean necesarias erogaciones presupuestales considerables.
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